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Se nos plantea el caso de un acreedor con una deuda frente a una sociedad que se encuentra en una situación de impago generalizado a sus acreedores.
Al margen de los procedimientos para declamar deudas previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil (monitorio, juicio ordinario, verbal y cambiario) en CRa Abogados le ofrecemos la posibilidad de ejercitar las acciones previstas en leyes especiales que amplían la responsabilidad a los bienes de la persona que administra la sociedad. Hemos comprobado en numerosas ocasiones que es posible logar con éxito el cobro de un crédito cuando se emprenden estas acciones especiales.

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Los mayores éxitos en el cobro de las deudas que hemos obtenido para nuestros clientes siempre han estado acompañados de una gestión directa con el deudor a través de la visita personal.
Recibimos de uno de nuestros cliente el encargo de cobro de una deuda por importe de 70.000 € documentada mediante pagarés. Se realizó visita personal al deudor, quien no terminaba de concretar una oferta, por lo que procedimos a presentar demanda frente al mismo solicitando el embargo de bienes de su propiedad. Tras anotar el embargo en el Registro de la Propiedad, volvimos a retomar la gestión extrajudicial volviendo a visitar al deudor, logrando finalmente un acuerdo por el cual transmitió a nuestro cliente parte de los bienes embargados en pago de la deuda, agilizándose así la recuperación y evitando los gastos que conlleva la subasta judicial.

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Hemos tramitado múltiples procedimiento en defensa de nuestros clientes, propietarios y arrendadores de viviendas y locales, que han sufrido el impago de rentas por parte de sus inquilinos.
En estos asuntos, CRa Abogados se encarga de la previa reclamación extrajudicial de las cantidades adeudadas, para, en caso de no conseguir una solución adecuada a las expectativas de nuestros clientes, presentar demanda solicitando conjuntamente el desahucio y el pago de las rentas vencidas y las que se generen hasta la recuperación del inmueble. Por este procedimiento hemos conseguido que un cliente recupere una deuda de más de 12.000 € al haber localizado y embargado bienes de propiedad del inquilino moroso.

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En el ámbito del derecho societario, hemos acometiendo la defensa de un socio minoritario mediante la impugnación de acuerdos de aumento de capital social fundamentándola en infracciones del derecho de información y abuso de derecho.
En otras ocasiones, hemos asumido la defensa del socio titular del 50% del capital social y con una situación de bloqueo de la junta de socios. En estos casos hemos hecho valer que la sociedad se encuentra en uno de los motivos legales de disolución, lo que ha permitido negociar la salida del socio mediante la venta de sus participaciones y la recuperación de su inversión.

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Entre nuestros clientes se encuentran acreedores que le ha resultado imposible gestionar el cobro de deudas al haber desaparecido de facto la sociedad deudora.
En CRa Abogados examinamos cada caso concreto y, si es viable, preparamos e interponemos la correspondiente demanda de responsabilidad frente a los administradores de la sociedad deudora. Así, hemos obtenido múltiples sentencias condenatorias frente a administradores por deudas sociales derivados del incumplimiento de sus obligaciones como órgano de administración, lo que nos ha permitido embargar sus bienes personales y obtener por esta vía el cobro de la deuda del cliente.

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La Ley Concursal ha previsto en el Concurso de Acreedores un trámite de calificación en el que el administrador, a pesar de ser un Concurso Voluntario, tiene la posibilidad de ser inhabilitado para el ejercicio del comercio, y de que con sus bienes presentes y futuros respondan de la deuda de la sociedad no satisfecha con la liquidación de los bienes del inventario del Concurso.
Desde nuestra experiencia concursal hemos podido comprobar en numerosas ocasiones cómo en el caso de llegar al juicio donde se decidan la calificación del Concurso (Fortuita o Culpable) y las responsabilidades de los administradores de la sociedad, es necesario conocimientos especializados en materia societaria y contable para superar con éxito esta importante sección del procedimiento concursal.
En CRa Abogados hemos dirigido la defensa letrada de un cliente con fuerte endeudamiento (superior a los 8 millones de euros) e imposibilidad de atender sus obligaciones de pago. En estrecha colaboración con nuestros especialistas en derecho financiero y mercantil, se preparó la solicitud de concurso voluntario. La tramitación de la sección de calificación concluyó con la declaración del concurso como Fortuito y la liberación de responsabilidad del Administrador de la Sociedad.

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En CRa Abogados, hemos asesorado a pequeños inversores y a particulares compradores de viviendas que han visto cómo sus expectativas de adquirir  en un plazo razonable una vivienda se veían frustradas con pérdida de la totalidad de las cantidades entregadas durante, en algunos casos, hasta 10 años, bien porque la promoción no se inició, bien porque ésta se retrasa continuamente en el plazo de entrega.
Como consecuencia de la crisis económica, ha sido habitual el caso en el que el promotor no ha concluido la construcción de las vivienda y ha dejado de pagar el préstamo hipotecario, por lo que ha terminado perdiendo la propiedad de las viviendas, y la posibilidad de entregar las a los compradores.
CRa Abogados cuenta con un amplio conocimiento en la materia a la hora de preparar y dirigir la interposición de acciones judiciales contra el Banco donde el Promotor ingresó las entregas a cuenta, haciendo un previo estudio de la situación concreta de nuestro cliente para comprobar si se dan todos los requisitos exigidos por las sentencias del Tribunal Supremo, desaconsejando en otro caso acudir a esta vía de reclamación.

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El Ministerio Fiscal formuló querella criminal contra nuestro cliente y otros alegando la existencia de una trama para defraudar el IVA mediante la emisión de facturas falsas, en base a un informe de la Inspección de la Agencia Tributaria. Se solicitó la condena a cuatro años de prisión y responsabilidad civil de 600.000 € a cada uno de los acusados.
Realizamos conjuntamente con el asesor fiscal del cliente el estudio del informe de la Agencia Tributaria y comprobamos que no está correctamente documentada toda la cadena de sucesivas compras en la que se fundamenta la acusación. El mismo día de la vista del juicio alegamos el defecto de la acusación, presentamos un informe y llevamos a un perito economista para probar el defecto.  Ni el Fiscal ni el Abogado del Estado podían proponer nueva prueba en el acto de la vista por lo que el Juzgado nos dio la razón y absolvió a los acusados de todos los delitos. La Audiencia Provincial desestimó los dos recursos de apelación que presentaron el Fiscal y el Abogado del Estado.

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Los profesionales de CRa Abogados están cualificados para la llevanza de concursos de acreedores en calidad de administradores concursales. De este modo, hemos sido designados administradores concursales por los Juzgados de lo Mercantil de Murcia, lo que nos permite contar con una perspectiva más amplia del procedimiento concursal, desde los tres vértices profesionales que componen el mismo: el deudor, los acreedores y la administración concursal.
Asimismo, destacar que contamos con profesionales altamente cualificados de los ámbitos económico, financiero y contable que hacen de CRa Abogados un Despacho especialmente preparado para desarrollar las funciones que la Ley atribuye a la administración concursal.

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La Inspección de Hacienda emite liquidación frente al cliente por deuda tributaria, junto con una sanción y liquidación de intereses de demora, por las auto-declaraciones incorrectas presentadas por un asesoramiento fiscal erróneo. El asesor reconoció su error pero su compañía de seguros se niega a indemnizar al cliente y termina formulando oposición a la demanda que se le interpone.
Se obtiene una sentencia frente a la Compañía Aseguradora que le condena a pagar al cliente el importe de la sanción y los intereses abonados  y, además, le impone el pago de intereses de demora conforme a la Ley de Contrato de Seguro: el interés legal incrementado en un 50% los dos primeros años, y un 20% desde el segundo año hasta el pago efectivo de la condena.

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